A ocho meses de los comicios presidenciales en Estados Unidos, el futuro de los inmigrantes indocumentados sigue siendo un punto crucial en el debate. Mientras Donald Trump, quien cada vez está más cerca de ser candidato por el Partido Republicano, mantiene su postura antiinmigrante y propone deportaciones masivas, el Partido Demócrata, con Hillary Clinton a la cabeza, asegura que tomará medidas para normalizar la situación de esta población.
Una de las voces que más se han hecho escuchar ante el gobierno de Estados Unidos en favor de reformas que mejoren las condiciones de vida de los inmigrantes es la de Gustavo Torres, director de Casa, una organización que representa a más de 72.000 inmigrantes y se posicionó desde hace 30 años como vocera de esta comunidad ante las altas esferas políticas de ese país.
Torres nació en Yarumal (Antioquia). Desde hace 25 años vive en Estados Unidos, a donde llegó huyendo de la violencia en el país y donde empezó a trabajar como jornalero.
Desde la Fundación Casa trabaja por mejorar la calidad de vida y empoderar a la colonia latina inmigrante.
Según Torres, detrás de las deportaciones masivas –que en el gobierno Obama llegaron a 2,5 millones de personas– y la persecución contra los inmigrantes existe “un negocio extraordinario”: el de las cárceles privadas.
“Una cárcel vacía se quiebra y una llena es muy rentable. La forma de hacerlas rendir es capturando personas”, asegura.
¿Cuáles son los argumentos que utilizan ustedes para defender ante el gobierno estadounidense la necesidad de hacer una reforma migratoria?
La reforma migratoria es necesaria porque nuestra contribución (la de los inmigrantes) es vital. No solo estamos hablando de los 11,5 millones de indocumentados, de los cuales se calcula que el 95 por ciento son latinos, sino que en este país hay 55 millones de latinos, de los cuales 20 millones ya somos ciudadanos, 24 millones son residentes permanentes y hay 11 millones de indocumentados, de los cuales 800 mil son colombianos. Esto quiere decir que desde el punto de vista político, somos 20 millones quienes ya podemos votar y elegir y, por lo tanto, tenemos poder de decisión y representación.
Nosotros hacemos un aporte significativo en el pago de impuestos y también porque desempeñamos trabajos que ya no quieren hacer los ciudadanos de este país. Se calcula en 700.000 millones de dólares nuestro aporte anual a Estados Unidos.
¿De qué manera afecta al país el hecho de que un alto porcentaje de los inmigrantes indocumentados sea deportado, como lo propone Donald Trump?
Además de existir una clara violación de derechos humanos, Estados Unidos se vería afectado porque nosotros los inmigrantes, y en particular los indocumentados, estamos salvando el seguro social de este país. Los estadounidenses se están envejeciendo y ya no están trabajando. Son los inmigrantes jóvenes los que están sosteniendo el sistema. Muchos de ellos trabajan con un número de identificación tributaria y pagan impuestos, pero nunca reciben beneficios y sí están aportando al seguro social. Estamos hablando de miles de millones de dólares que recoge el Gobierno y de los que no se benefician los indocumentados.
Además, lo que está planeando Trump se calcula que tendría un costo superior a 200.000 millones de dólares, que es lo que vale deportar a 11 millones de personas.
¿Cuál podría decirse que es el criterio o la estrategia del Estado para ‘escoger’ a las personas que deportará?
Hay tres prioridades que el gobierno de los Estados Unidos tiene. La primera corresponde a las personas que tienen récord criminal por haber cometido un delito grave. Después vienen quienes han encontrado con documentos falsos o, por ejemplo, quienes han tomado licor y han ocasionado un accidente. En tercer lugar están las personas que llegaron después del 1 de mayo de 2014, sencillamente porque los encuentran en la frontera y tratan de devolverlos inmediatamente. Esos son básicamente los tres criterios de esta administración, porque suelen cambiar entre uno y otro gobierno.
¿Por qué en los últimos meses se han intensificado las redadas para capturar y deportar a inmigrantes?
Las redadas son unos mecanismos utilizados por el Departamento de Seguridad para expulsar a los inmigrantes de este país, pero al mismo tiempo se han convertido en un negocio extraordinario. Desde que se privatizaron las cárceles, las compañías que las administran tienen como objetivo rendir dinero y la forma de hacerlo es capturando personas y metiéndolas a la cárcel. El Gobierno paga alrededor de 150 dólares diarios por cada preso. Una cárcel vacía se quiebra y una llena es muy rentable. De hecho, estas compañías que manejan las cárceles privadas son las que hacen lobby para que la reforma migratoria no pase.
¿Ustedes se han pronunciado sobre esta situación?
Por supuesto que sí. Hace poco tuvimos una reunión con Hillary Clinton y con el senador Bernie Sanders (ambos precandidatos demócratas) para explicarles esto, y logramos convencerlos de incluir en su agenda política, si alguno de ellos llega a ser Presidente, la eliminación de las cárceles privadas. Eso para nosotros es una victoria extraordinaria.
Uno de los grandes retos de organizaciones como Casa es lograr que los residentes legales permanentes realicen el trámite para empezar a votar. ¿Cómo va ese reto y qué tan real es que esto pueda hacer la diferencia en los resultados?
El desafío es el siguiente: nosotros tenemos en total 13 millones de personas que tienen Green Card (tarjeta de residente permanente); de ellos, nueve millones están listos para ser ciudadanos. Para que una persona se haga ciudadana de este país necesita tener cinco años la tarjeta verde y solicitar la ciudadanía, y además tiene que presentar un examen y hablar inglés. Es muy difícil, a la gente físicamente le da pánico enfrentarse a un examen en otro idioma.
El otro elemento es el costo, porque vale 695 dólares. Muchas de estas personas son de bajos recursos y no tienen el dinero para pagarlo. Y el otro caso es el de personas que han tenido algún problema en el pasado y les da miedo presentarse porque piensan que pueden ser deportados.
Por ello creamos una organización a nivel nacional que se llama National Partnership For New Americas (Coalición Nacional para los Nuevos Inmigrantes), que básicamente se enfoca en ayudarle a la gente en esas tres cosas y que puedan hacerse ciudadanos. Tenemos que fortalecer las campañas para que la gente entienda que su voto vale, y vale muchísimo.
¿Se tienen nuevas noticias en relación con la orden ejecutiva del presidente Obama en favor de los migrantes que fue detenida?
Recientemente, tres jueces del circuito de Nueva Orleans rechazaron la Orden Ejecutiva, y eso significa que ahora todo depende de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que para el mes de junio dará respuesta definitiva. Con la aprobación de esta orden recibirían permiso de trabajo, por tres años, más de cinco millones de personas que llevan viviendo en este país muchos años, que tienen hijos nacidos en este país, que han pagado sus impuestos y están esperando una respuesta a su situación de falta de documentos.
En la Corte hay cuatro jueces a favor y cuatro en contra. La esperanza de los inmigrantes recae sobre el juez Anthony Kennedy, quien recientemente tuvo el voto decisivo sobre la aprobación del matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo y la reforma al sistema de salud, más conocida como el ‘ObamaCare’ (Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequibles).
¿Qué va a pasar este año con los migrantes indocumentados? ¿Qué tanto les conviene la etapa preelectoral?
Esta etapa preelectoral es muy beneficiosa porque ha puesto a flote la realidad de la comunidad inmigrante y se ha convertido en un tema obligatorio en las agendas de los candidatos presidenciales. De hecho, siempre ha sido un tema de campaña. Sin embargo, esta vez tiene un componente adicional y es que la Corte Suprema tendrá participación y decisión frente al futuro de esta comunidad, cosa que anteriormente no había sido tan definitiva.
En el escenario en que Hillary Clinton sea la nueva presidenta de EE. UU. con un Congreso de mayoría republicana, ¿qué podría hacer la diferencia frente al gobierno actual para avanzar hacia una reforma migratoria?
Durante su campaña en el estado de Nevada, ella dijo claramente que en caso de llegar a la Casa Blanca se comprometía a mantener y expandir la Orden Ejecutiva. Pero no solo ella está en esa posición. El senador Bernie Sanders ha manifestado lo mismo.
¿Qué acciones o estrategias en favor de los inmigrantes indocumentados se han puesto en marcha al margen del complejo escenario político y legal?
Esas son las que venimos desarrollando en Casa desde hace 20 años. Por ejemplo, además de trabajar en la reforma migratoria, apoyamos en la búsqueda de trabajo a los inmigrantes, porque hay muchos empleadores que no exigen documentos y hay empleos que el americano nativo acá no quiere desempeñar, como construcción, jardinería, plomería, etc.
Otra acción que desarrollamos es el fomento del aprendizaje del idioma inglés en los hispanoparlantes. Cada año tenemos 1.500 personas que asisten a nuestros cursos de inglés; también logramos en el estado de Maryland que ya se pueda tener una licencia de conducción sin importar el estatus migratorio. Conseguimos además que jóvenes indocumentados en ese mismo estado puedan pagar la universidad al mismo costo que un joven nativo en EE. UU. con documentos.
