Estudiantes colombianos en Harvard defienden visita de Uribe

Copresidente de la asociación responde a artículo sobre voces de protesta a presencia de líderes de la derecha en prestigiosas universidades de EE.UU. “El libre intercambio de ideas es la base de la creación de un pensamiento crítico y una conciencia democrática”, dice.

Un interesante debate interno se presenta en la Asociación de estudiantes colombianos de la Universidad de Harvard por la presencia de líderes de la derecha colombiana en esa universidad. Unos defienden la controversia de ideas, otros consideran que se legitima a personas cuestionadas. Aquí el diploma de uno de los premios que ha recibido la asociación por sus actividades

En días recientes la comunidad colombiana en la universidad de Harvard ha mantenido una intensa discusión alrededor la visita del expresidente Álvaro Uribe este sábado. Un grupo de estudiantes y académicos suscribió una carta de protesta. Alejandra Azuero, estudiante, escribió en este medio que la élite colombiana ha usado estos espacios como plataforma para legitimar a los personajes públicos más cuestionables de la derecha en el país. Como copresidente de la mencionada asociación quisiera brindar algunas aclaraciones —y mi propia perspectiva— sobre estas discusiones.

La asociación de estudiantes colombianos ha invitado durante los últimos años a activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales, artistas, funcionarios del Gobierno nacional y líderes políticos. El año pasado María Roa, presidenta del sindicato Unión de Trabajadores del Servicio Doméstico (UTRASD), expuso la realidad del servicio doméstico en el país. Este año la invitación incluyó a los negociadores del Gobierno en La Habana. Regis Ortiz, desmovilizado de las Farc, contará en estas aulas su historia en el conflicto y su camino de reconciliación.

La visita de dirigentes políticos de la derecha ha causado intensos debates y divisiones. En años anteriores la invitación al procurador Ordóñez, realizada por un grupo reducido de estudiantes, terminó siendo rechazada mediante un voto mayoritario de los miembros de la asociación. Su posterior intervención fue auspiciada por un instituto de la Facultad de Derecho no vinculado con los estudiantes colombianos. En esa oportunidad, como en la discusión actual frente al expresidente Uribe, se argumentó que este tipo de invitaciones otorgaba una plataforma de legitimación para personas cuestionadas que no deberían usar los foros académicos para limpiar sus acciones.

Como estudiante colombiano me preocupa enormemente la movilización de algunos sectores para impedir el acceso a espacios académicos. El libre intercambio de ideas es la base de la creación de un pensamiento crítico y una conciencia democrática. ¿Quién puede arrogarse el derecho a definir quiénes pierden el derecho a la palabra en estos escenarios? ¿Hasta dónde deben extenderse este tipo de restricciones? ¿No tienen lugar en estas comunidades personas que estén de acuerdo con la ideas del expresidente o del procurador? La academia no es un juzgado. Es un espacio para el debate libre. Otras formas de movilización diferentes a limitar la libertad de expresión permiten acoger a aquellos que desean exponer su punto de vista. Estas incluyen la protesta pacífica y el uso de los canales de comunicación para expresar perspectivas contrarias.

Más allá del debate en esta universidad, creo que hay una profunda desconexión entre estas estrategias de acción política y la construcción de un país en paz. Tristemente, el artículo de Azuero y el tono en estos debates tienden a reproducir los peores males de nuestro diálogo político. Si hablamos de reconciliación, no debemos negarnos a escucharnos. La historia de las barreras a la libertad de expresión en Colombia, realizada por medios legales e ilegales, debería ser motivo suficiente para pensar en otras formas de actuar en política. El llamado de estos tiempos no es otro que el de extender nuestra imperfecta democracia para acoger a todas las voces, como forma de permitir una resolución pacífica de nuestros conflictos en el futuro. El debate universitario es indispensable en esa construcción. Ese es nuestro desafío y nuestra responsabilidad.

* Copresidente, Asociación de estudiantes colombianos de Harvard.

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Bromear sobre el presidente turco es arriesgarse a ir a la cárcel

El mandatario Recep Tayyip Erdogan demandó a un comediante alemán que se burló de él con un poema satírico. No es el primer caso.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha convertido cualquier broma en su contra en un delito de lesa majestad. Su gobierno formuló una demanda legal en contra del comediante alemán Jan Boehmermann, quien recitó en su programa de televisión, Neo Magazin Royale, un poema satírico contra Erdogan. En el poema, Boehmermann acusaba al presidente turco de maltratar a las minorías kurdas y cristianas, de ver pornografía infantil y de practicar la zoofilia. Quizá nadie había ido tan lejos al opinar sobre Erdogan. Y nadie, hasta ahora, ha salido bien librado.

Su caso recuerda una escena real, que ocurrió durante los años más cruentos de la Unión Soviética. En su extensa crónica sobre los campos de concentración en ese país, Archipiélago Gulag, el escritor Alexander Solzhenitsyn apunta que un hombre fue encarcelado por cinco años luego de que no aplaudiera al final de un evento que presidía un alto mando soviético. Considerado como una falta de respeto (y por esa misma vía una afrenta al poder), el hombre fue a dar a prisión. Lo que une a ambos casos, a pesar del paso del tiempo, es el dominio del poder y su representación: aquel que gobierna debe ser respetado. El respeto, en ese sentido, es sinónimo de veneración. Erdogan no es inmune a ese influjo.

En diciembre, Erdogan llevó también ante un juez al médico Bilgin Çiftçi bajo el cargo de difamación. Çiftçi publicó en la red un montaje en el que comparaba a Gollum, la especie extraña del Señor de los anillos, con el mandatario: en algunas escenas, Erdogan masticaba una pierna de pollo y Gollum, una piedra. La argumentación del proceso se basaba en demostrar si Gollum, en ocasiones bondadoso y en ocasiones maldito, era una representación irrespetuosa del presidente. Es decir, el proceso se basaba en analizar la naturaleza de un personaje ficticio para determinar si Çiftçi hablaba bien o mal de Erdogan. Los paralelos absurdos entre esta historia y el aplauso ausente de la Unión Soviética son evidentes.

La constitución turca reza que cualquier “expresión de pensamientos” que se constituya como crítica no será juzgada. Sin embargo, es el gobierno de Erdogan quien define la calidad de cada crítica con la ley de su lado: el artículo 297 del Código Penal estipula que “cualquier persona que calumnie al presidente” enfrentará penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Quienes deformen los símbolos nacionales, “humillen” el himno nacional o hieran cualquier aspecto de la “naturaleza turca” son sometidos a penas similares. ¿Cómo es posible definir la naturaleza de todo un país que es, en realidad, la frontera cultural entre Europa y Oriente Medio?

Meses atrás, en su editorial, el diario Le Monde afirmó que el gobierno de Erdogan se convertía poco a poco en una monarquía constitucional. Dicho de otro modo: un gobierno en apariencia democrático, pero tentado por la figura del rey. El Estado es una persona, aquel que gobierna, y cualquier ofensa contra esa persona cuenta como ofensa nacional y viceversa. Erdogan, cuyo gobierno se acerca Europa después de acordar un pacto sobre migrantes —con sendos beneficios para la diplomacia turca—, es en teoría más cercano a monarquías como la saudita, donde un insulto contra el rey equivale a un acto de terrorismo.

En el último año, el gobierno turco ha fomentado cinco procesos contra ciudadanos que se burlaron o lo criticaron a través de medios públicos. En marzo del año pasado, una periodista turca fue condenada a cinco meses de cárcel por “insultar” a Erdogan a través de su cuenta en Facebook. Un estudiante de 16 años que llamó a Erdogan “jefe de los ladrones” fue llevado ante un juez. El gobierno turco, con un claro barniz religioso, potencia el insulto al estado de blasfemia. Por esa razón, a través de la fiscalía de Estambul, el gobierno logró controlar al diario Zaman, uno de los más grandes del país y crítico de Erdogan. El diario es administrado hoy por el gobierno y dos de sus periodistas fueron encarcelados, y luego liberados, porque según el gobierno conformaban una red terrorista. El medio Al Jazeera aseguró que, desde el primer momento en que el gobierno tomó lugar en Zaman, su línea editorial cambió por completo a su favor. La cadena Koza-Ipek, con 23 filiales, también fue tomada por autoridades locales. El gobierno dice que nada tiene que ver con ello.

El caso de Boehmermann, ahora bajo custodia policial en su casa, es singular. Lo juzgaría la justicia alemana, que podría darle tres años de cárcel por “ofender a representantes y órganos extranjeros”. El gobierno de Merkel decidirá en los próximos días si la causa continúa; en un discurso reciente, la canciller sugirió que la libertad de expresión no está determinada por las ligazones diplomáticas. Boehmermann reconoció, desde que recitó su poema, que aquello “no está permitido en Alemania”. Su sátira era, sobre todo, un esfuerzo por reconocer los límites de la libertad de expresión en su país. En ese sentido, logró su objetivo. El trato entre Turquía y la Unión Europea, para someter el flujo de migrantes hacia Europa y contenerlos en Turquía, está de por medio. Merkel tendrá que trabajar con sutileza antes de tomar cualquier decisión: validar la demanda de Erdogan es, al mismo tiempo, dejar al descubierto un derecho esencial que, por extensión, es uno de los valores más apreciados de la unión.
 

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