Departamento de Justicia propone acuerdo para perseguir y 'devolver los activos robados a Colombia'.
Durante su primera visita al país, Leslie Caldwell, fiscal general adjunta para la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunció un paso que las autoridades colombianas llevaban esperando por años: el compromiso de perseguir, en todos los casos, las fortunas escondidas por los corruptos en territorio de ese país.
La fiscal aseguró que Washington está asistiendo a Colombia en los ajustes para tener una ley de extinción de dominio más efectiva y que está dispuesto a suscribir “un acuerdo para devolver los activos que han sido robados a Colombia” por los responsables de actos de corrupción y otras modalidades delictivas.
En el foro ‘Cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada’, efectuado ayer en la Universidad Católica, Caldwell insistió en que la mejor herramienta para combatir el crimen es golpear sus finanzas, y para ello se necesitan herramientas que respondan al reto del delito transnacional.
Hasta ahora, lo que sucede cuando los delincuentes han ocultado bienes en Estados Unidos es que se negocia caso por caso la colaboración, y hay procesos en los que las autoridades nacionales no encuentran eco en sus pares de ese país.
Caldwell explicó que si se llegara a un acuerdo entre los dos países en esta materia, los bienes y dineros que han sido objeto de extinción de dominio serían congelados y devueltos a Colombia para que sean invertidos en programas de educación, salud, etc.
Esto sería clave, por ejemplo, en casos como el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá. Aunque ya hay condenas de 14 y 18 años en su contra, los hermanos Iván y Samuel Moreno no han sido afectados por las incautaciones que debían garantizar la recuperación de la plata saqueada a la capital, porque, aprovechando su condición de ciudadanos norteamericanos, los Moreno tienen prácticamente todos sus activos en EE. UU.
“Los funcionarios corruptos crean países inestables”, dijo Caldwell. En ese sentido, señaló que los dos países entienden la importancia de la cooperación, y citó casos como el de Petrotiger, empresa norteamericana que pagó sobornos en Colombia. Luego de las investigaciones de la justicia federal, en Colombia se han producido varias capturas de exfuncionarios de Ecopetrol que recibieron las coimas.
El sustento de esos procesos es la Ley contra prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por su sigla en inglés), expedida en 1977 y que tiene como objetivo castigar a los ciudadanos y empresas de Estados Unidos que utilicen el soborno y otras modalidades de corrupción para hacer negocios en el exterior.
El vicefiscal general de EE. UU. Kenneth A. Blanco coincidió con Caldwell en la necesidad de trabajar en conjunto con otros países: “Hoy, los criminales están trabajando sin fronteras. Si no empezamos a trabajar juntos, van a dominar el mundo”, advirtió. Blanco exaltó la extradición como “el arma jurídica más importante” en la lucha contra el narcotráfico”.
