La reforma sanitaria de Barack Obama de 2010 propone, entre otras cosas, que los grupos religiosos proporcionen a sus empleados seguros de salud que cubran los anticonceptivos.
Una cláusula específica del plan, creada por el Gobierno, está dirigida a estos grupos religosos y se incluye a hospitales y universidades. Esta regulación permite que los grupos religiosos informen, mediante la firma de un formulario, al Gobierno que no quieren cubrir los anticonceptivos con los planes de salud que están obligados a proveer y, entonces, el Ejecutivo toma el relevo y se encarga de que los empleados del grupo religioso reciban cuidados reproductivos.
Este aparte de la ley fue demandado por grupos religiosos que no quieren verse implicados de ninguna forma “porque va en contra de sus creencias” en los planes de salud que permitan a las mujeres acceder, sin la imposición de un copago, a píldoras, diafragmas, dispositivos intrauterinos y píldoras de emergencia, esterilización, etc.
El caso fue presentado de forma conjunta al Tribunal Supremo, pero comprende 13 demandas que volverán a cortes inferiores, lo que evita que se siente un precedente a nivel nacional y elimina la posibilidad de que el Gobierno sancione a los que no quieren proveer anticonceptivos, apunta el analista judicial Lyle Denniston.
El Tribunal Supremo, sin embargo, no dirimió el asunto pues decidió no pronunciarse sobre si algunos grupos religiosos pueden abstenerse de proporcionar seguros médicos con cobertura de métodos de planificación familiar.
“La corte no expresa ninguna visión sobre los méritos del caso”, señalaron los jueces del alto tribunal en una orden anónima, un formato inusual en la corte y con el que los magistrados devolvieron el importante caso a tribunales de menor rango para que vuelvan a sopesar la cuestión.
En la práctica, la decisión no benefició a nadie aunque intentaron apuntarse la victoria tanto la Casa Blanca como los grupos religiosos que interpusieron la demanda, entre los que destacan las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas católicas dedicadas al cuidado de los ancianos sin recursos.
“Es solo una cuestión de tiempo que las cortes inferiores hagan esta victoria permanente”, consideró en un comunicado Mark Rienzi, asesor de Becket Fund, el bufete que representa al grupo de monjas.
“Obviamente, estamos encantados con el anuncio del Tribunal Supremo de hoy. Permitirá que millones de mujeres de todo el país sigan accediendo al cuidado de salud que necesitan”, afirmó por su parte el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
De este modo, como consecuencia de la división en el Tribunal Supremo y la devolución del caso a los tribunales menores, el veredicto final sobre la lucha entre religión y anticonceptivos no llegará hasta después de que Obama abandone la Casa Blanca.
Por tanto, el nuevo presidente que salga de las elecciones de noviembre será el encargado de rematar o eliminar la reforma sanitaria de Obama, que ha sido objeto de los ataques políticos de la oposición republicana y que recibió en dos ocasiones el aval del Tribunal Supremo, una vez en 2012 y otra en 2015.
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