El ente investigador negó cualquier tipo de responsabilidad administrativa en este caso.
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Fiscalía Generalpresentó su concepto en el marco del estudio de la demanda presentada por la familia de Rosa Elvira Cely en contra del Distrito, la Secretaría de Salud y el ente investigado por las omisiones en las que incurrieron.
En el documento de 12 páginas se advierte que la acción judicial no tenía que ser presentada en su contra puesto que actuaron de manera debida en las investigaciones que se adelantaron contra Javier Velasco Valenzuela, condenado por la violación y actos de tortura que le provocaron la muerte a la mujer de 35 años.
En su concepto, la Fiscalía General manifestó que no incurrió en una falta en el servicio puesto que antes de los trágicos llevaron ante las autoridades judiciales por un proceso de lesiones personales. Sin embargo, después fue enviado a una clínica psiquiátrica y un juez ordenó que recuperara su libertad.
“La Fiscalía General de la Nación de Colombia actuó en el proceso penal en contra del señor Velasco, en cumplimiento de su deber constitucional y legal”, precisa el concepto al manifestar que ninguno de los hechos narrados en la demanda administrativa “dan cuenta que la Fiscalía haya influido, en el fallecimiento de la señora Rosa Elvira Cely.
“Lo que desvirtuaría la existencia de una falla en el servicio, cualquier crítica a las actuaciones a la Fiscalía carece de fundamentos probatorios, convirtiéndose en meras especulaciones”, agrega. En este sentido se señala que la Fiscalía General investigó las actuaciones de Velasco Valenzuela actuando así en el marco de sus deberes constitucionales y legales que lograron después de la muerte de la mujer que se emitieran tres fallos condenatorios en su contra.
En la demanda se indica que pese a que existían tres denuncias contra Velasco por violencia sexual no se tomaron decisiones de fondo lo que permitió que siguiera en las calles sin ningún tipo de restricción. Resaltan que antes ya había agredido a una trabajadora sexual y tenía una denuncia por el abuso sexual de sus dos hijas menores de edad.
Consideran que los tres casos estuvieron muchos años en etapa preliminar pese a los elementos probatorios existentes y la gravedad de las acusaciones hechas contra el hombre. Debido a esto considerar que desde hace mucho tiempo el agresor representaba un peligro para la comunidad en general.
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